Un juez brasileño ha decretado la paralización de la construcción de la megapresa de Belo Monte, en la Amazonia, ya que podría afectar a la pesca de la población local.
Miles de indígenas y otras muchas comunidades que viven en la región del río Xingú dependen de la pesca como un elemento fundamental de su dieta.
El juez ha prohibido que el consorcio constructor de la presa, Norte Energia S.A. lleve a cabo “cualquier trabajo que interfiera con el curso natural del río Xingú”.
El consorcio se enfrenta a una multa diaria de 100.000 dólares si no cumple con la orden judicial.
De construirse, Belo Monte sería la tercera presa más grande del mundo. Además de afectar a la pesca de forma drástica, destruiría enormes extensiones de selva de la que depende el bienestar de miles de indígenas, entre ellos algunos indígenas aislados.
Sheyla Juruna, miembro del pueblo indígena juruna que se verá afectado por la presa, ha declarado: “Consideramos el río como nuestro hogar. No queremos la presa, no queremos este destructivo proyecto… queremos que se respeten nuestros derechos”.
Los indígenas no han dado su consentimiento a la construcción de la presa, y han advertido de que, si el proyecto sigue adelante, el Xingú podría convertirse en un “río de sangre”.
Han organizado numerosas manifestaciones en contra de Belo Monte. En agosto miles de personas en todo el mundo salieron a la calle para pedir al Gobierno de Brasil la paralización de la presa. Simpatizantes de Survival entregaron cartas en las embajadas brasileñas de Madrid, Berlín, Londres y París en las que expresaban su preocupación por los indígenas.
El Gobierno brasileño otorgó la licencia de construcción de la presa en abril de este año, a pesar de una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no se concediera el permiso hasta que no se asegurara el respeto a los derechos de los indígenas.
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